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La Comisión de Derechos Civiles es un organismo público creado en virtud de la Ley Núm. 102 de 28 de junio de 1965 (1 L.P.R.A. 151). Su función primordial es educar al pueblo en cuanto a la significación de los derechos fundamentales de las personas y los medios de respetarlos, protegerlos y enaltecerlos. Tenemos la obligación de gestionar ante los individuos y ante las autoridades gubernamentales la protección de los derechos humanos y el estricto cumplimiento de las leyes que amparan tales derechos. Como parte de nuestra función, tenemos que hacer estudios e investigaciones sobre la vigencia de los derechos fundamentales en nuestro país y atender las cientos de querellas que recibimos relacionadas con violaciones de esos derechos. De igual forma, en la Comisión de Derechos Civiles evaluamos las leyes, normas y actuaciones del gobierno, tanto estatal como municipal, velando que las mismas no laceren los derechos fundamentales de nuestro Pueblo. Desde su creación en el año 1965, hasta la aprobación de la Ley 186 del 3 de septiembre de 1996, la Comisión estuvo adscrita al Departamento de Justicia sin ser parte de éste y su presupuesto dependía de la recomendación de la Oficina de Presupuesto y Gerencia. Con la aprobación de la Ley 186, se adscribió la Comisión a la Asamblea Legislativa únicamente para fines presupuestarios, pero conservando aquélla total autonomía, al estilo de las oficinas del Contralor y la Oficina de Etica Gubernamental. Además, con la enmienda del año 1996 se ampliaron las funciones de la Comisión para incluir la facultad de comparecer como “amicus curiae” ante los tribunales en casos cuyo resultado pueda tener un impacto en la vigencia de los derechos fundamentales en el País. La Comisión no tiene capacidades adjudicativas ni puede representar a individuos en procedimientos judiciales más allá de sus comparecencias como amigo de la corte (“amicus curiae”).